Usted compró un piso en Francia, quizá desde España, y lo puso en alquiler para que la inversión se pague sola. Un mes el inquilino paga con retraso, al siguiente paga la mitad, después deja de pagar y de responder a los mensajes. La pregunta que llega al despacho es siempre la misma: ¿puedo cambiar la cerradura, cortar la luz o pedirle que se vaya cuanto antes? En Francia, la respuesta corta es no: el alquiler de vivienda está protegido por una ley de orden público, la loi du 6 juillet 1989, y la recuperación del piso sigue un camino obligatorio en el que cada plazo cuenta. Equivocarse de plazo o de papel puede anular meses de procedimiento y obligar a empezar de cero.
Este artículo explica ese camino completo, con los textos vigentes leídos en su versión aplicable al 22 de octubre de 2026 y dos sentencias recientes de juzgados franceses que muestran cómo razonan los jueces: qué prueba exige el tribunal, qué plazos deben respetarse día por día, cuándo el juez puede conceder plazos de pago al inquilino en lugar de expulsarlo y cómo se ejecuta después la salida. Todo lo que sigue se refiere al alquiler de vivienda sometido a la ley del 6 de julio de 1989, es decir, al arrendamiento de la residencia habitual del inquilino en Francia, sea piso amueblado o vacío, sea usted un particular o una sociedad. No se aplica a un local comercial ni a una ocupación sin contrato: si quien ocupa su casa entró sin su permiso, el régimen es otro, que ya tratamos en nuestro artículo sobre okupas en una casa de Francia. Y si el problema es el inverso, que el inquilino quiere irse y usted discute el preaviso, la lógica es la de la salida del arrendatario, tratada en nuestro artículo sobre el preaviso de un mes en zona tensa. Aquí solo hablamos del inquilino que no paga y sigue dentro.
I. El impago pone en marcha una máquina de plazos: cláusula resolutoria y filtros previos al juez
A. El impago, la cláusula resolutoria y el requerimiento que todo lo decide
En derecho francés, no pagar el alquiler es incumplir la obligación esencial del arrendatario, y el contrato de alquiler casi siempre contiene una clause résolutoire, es decir, una cláusula que prevé la resolución de pleno derecho del contrato por impago del alquiler o de las cargas. El Código civil francés define esta figura con precisión: «La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat», y añade que la resolución exige un requerimiento infructuoso, salvo pacto en contrario, y que ese requerimiento solo produce efecto si menciona expresamente la cláusula (artículo 1225 del Código civil). Traducido a lenguaje corriente: la cláusula debe decir qué incumplimientos la activan, hay que requerir antes al deudor y el requerimiento debe citar la cláusula por su nombre. Sin esa cita expresa, el requerimiento no sirve. A ello se suma el principio general de que el contrato de alquiler se resuelve por el incumplimiento respectivo de las obligaciones de cada parte (artículo 1741 del Código civil), pero en vivienda ese principio pasa por el filtro protector de la ley de 1989, que impone plazos y formas.
Ese filtro empieza por el commandement de payer, el requerimiento de pago notificado por comisario de justicia (commissaire de justice, antiguo huissier, el oficial que notifica los actos del procedimiento). La versión vigente del artículo 24 de la ley del 6 de julio de 1989, leída en Legifrance en su estado al 22 de octubre de 2026, dispone que la cláusula de resolución de pleno derecho por impago del alquiler o de las cargas, o por no entregarse el depósito de garantía, solo produce efecto transcurrido un plazo después de un requerimiento infructuoso: «Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux» (artículo 24, I, de la ley n.º 89-462 del 6 de julio de 1989, versión vigente al 22/10/2026). Seis semanas, por tanto, no dos meses: la redacción anterior hablaba de dos meses y todavía aparece en sentencias dictadas bajo la versión antigua, como veremos, pero el texto aplicable hoy dice seis semanas. Quien lea una sentencia de 2024 o 2025 debe comprobar siempre en qué versión razona el tribunal antes de copiar sus plazos.
El mismo artículo enumera lo que el requerimiento debe contener, bajo pena de nulidad, es decir, que si falta uno de estos elementos el acto no vale y todo lo posterior cae. Son seis menciones: primero, la advertencia de que el inquilino dispone de un plazo de seis semanas para pagar su deuda; segundo, el importe mensual del alquiler y de las cargas; tercero, el desglose de la deuda; cuarto, el aviso de que, si no paga o no pide plazos de pago, se expone a un proceso judicial de resolución del alquiler y desahucio; quinto, la posibilidad de acudir al fondo de solidaridad para la vivienda de su departamento (fonds de solidarité pour le logement), con su dirección; y sexto, la posibilidad de pedir al juez, en cualquier momento, un plazo de gracia con fundamento en el artículo 1343-5 del Código civil (artículo 24, I, 1.º a 6.º, de la ley n.º 89-462, versión vigente al 22/10/2026). La administración francesa resume estas exigencias en lenguaje práctico y confirma que un requerimiento sin ese contenido «no tiene valor» (Service-Public, impagados y desahucio del inquilino). Para un propietario español, la consecuencia es concreta: el requerimiento no es una carta que usted redacta, sino un acto de comisario de justicia con contenido tasado, y conviene comprobar punto por punto que las seis menciones figuran en él antes de seguir adelante.
Dos detalles del mismo artículo suelen sorprender. Cuando las obligaciones del alquiler están garantizadas por un fiador (caution, por ejemplo un familiar o un organismo de garantía), el requerimiento debe notificarse al fiador dentro de los quince días siguientes a su notificación al inquilino; si no se hace, el fiador no responde de las penalizaciones ni de los intereses de demora (artículo 24, I, de la ley n.º 89-462, notificación al fiador en quince días). Y cuando el inquilino lleva dos meses seguidos sin pagar, o su deuda equivale al doble del alquiler mensual sin cargas, los requerimientos emitidos por cuenta de un arrendador persona física o de una sociedad civil constituida solo entre parientes se comunican por el comisario de justicia a la comisión de prevención de los desahucios, la CCAPEX (artículo 24, I, señalamiento a la CCAPEX). La CCAPEX (commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) es la comisión departamental que coordina las ayudas y los intentos de solución antes del juicio. En la práctica, su comisario de justicia realiza este señalamiento; usted debe asegurarse de que lo ha hecho, porque de ello dependen los pasos siguientes.
La prueba, desde el primer día, es un desglose contable serio. Los tribunales trabajan con el contrato de alquiler, el requerimiento y un décompte locatif actualizado, es decir, el extracto de la cuenta del alquiler con cada vencimiento, cada pago y cada gasto. Dos sentencias recientes lo ilustran. El tribunal judicial de Bourgoin-Jallieu, juzgado de protección de los arrendatarios, constató en su sentencia del 4 de noviembre de 2025 (RG 25/00673, arrendador social Alpes Isère Habitat contra un inquilino de Bourgoin-Jallieu) que el impago se acreditaba con el desglose aportado, que el requerimiento del 14 de enero de 2025 por 1.532,79 euros había quedado impagado al vencimiento del plazo y que, por tanto, las condiciones de la cláusula resolutoria estaban reunidas desde el 15 de marzo de 2025, bajo la redacción entonces aplicable del artículo 24. Y el tribunal judicial de Caen, sala tercera civil, en su sentencia del 2 de julio de 2025 (RG 24/04537, organismo público de vivienda contra una inquilina), reconstruyó la deuda a partir del contrato, del requerimiento del 5 de diciembre de 2023 por 1.386,72 euros y del desglose actualizado al 14 de abril de 2025, y recordó dos reglas de prueba que protegen a ambas partes: quien invoca la obligación debe probarla y el deudor debe demostrar que pagó, y el coste de los actos de comisario de justicia no forma parte de la deuda de alquiler, sino de las costas si esos actos están justificados, de modo que el tribunal descontó 172,24 y 179,55 euros cargados como «gastos de procedimiento» y fijó la deuda en 3.018,46 euros. Guarde, por tanto, cada justificante de pago, cada requerimiento y cada desglose: el juez los revisará línea por línea y puede depurar la cuenta en ambos sentidos.
B. Antes de demandar: ayudas a la vivienda, comisión de prevención y aviso al prefecto
El procedimiento francés no permite ir directamente al juez con el requerimiento vencido. Existen filtros previos cuya omisión hace inadmisible la demanda, y conviene entenderlos como lo que son: una red de prevención social antes del desahucio, no un capricho burocrático. El primero afecta sobre todo a los arrendadores personas jurídicas, como una sociedad propietaria o un organismo de vivienda: salvo las sociedades civiles constituidas exclusivamente entre parientes hasta el cuarto grado, no pueden presentar la demanda de constatación de la resolución antes de que transcurran dos meses desde la remisión del caso a la CCAPEX, bajo pena de inadmisibilidad; la remisión se considera constituida cuando persiste el impago previamente comunicado en forma reglamentaria a los organismos que pagan las ayudas a la vivienda, para mantener el pago de las ayudas mencionadas en el artículo L. 821-1 del Código de la construcción y de la vivienda (artículo 24, II, de la ley n.º 89-462, plazo de dos meses tras la remisión a la CCAPEX). La sentencia de Bourgoin-Jallieu del 4 de noviembre de 2025 aplica exactamente este control: verificó la carta de remisión a la CCAPEX del 14 de octubre de 2024 y declaró la demanda admisible porque el plazo se había respetado. Si usted alquila a través de una sociedad española o francesa, este filtro le afecta de lleno; si alquila como particular, el señalamiento del requerimiento a la CCAPEX descrito en el apartado anterior sigue siendo obligatorio en los casos previstos, aunque el plazo de dos meses de espera se exige a las personas morales.
El segundo filtro es el señalamiento del impago al organismo que paga las ayudas a la vivienda, normalmente la CAF (caisse d’allocations familiales). La sentencia de Caen del 2 de julio de 2025 lo controla con fechas: el impago se comunicó a la caja de subsidios familiares el 4 de enero de 2024, al menos dos meses antes de la demanda del 4 de noviembre de 2024, conforme al artículo 24, II, y por eso la demanda era admisible. En la práctica, este señalamiento sirve para que se mantengan o se reorganicen las ayudas y para que los servicios sociales intenten un plan de saneamiento con el inquilino. Para el propietario, la lección es organizativa: pida a su administrador o a su comisario de justicia el justificante de cada comunicación con la CAF y con la CCAPEX, con sus fechas, y consérvelo con el expediente, porque el juez lo pedirá.
El tercer filtro es el aviso al prefecto (préfet), el representante del Estado en el departamento. La demanda de constatación de la resolución debe notificarse por el comisario de justicia al prefecto al menos seis semanas antes de la audiencia, bajo pena de inadmisibilidad, para que active el organismo de acompañamiento social previsto por el plan departamental de vivienda (artículo 24, III, de la ley n.º 89-462, notificación al prefecto al menos seis semanas antes de la audiencia). La sentencia de Caen verifica este punto con la notificación del 23 de mayo de 2024, al menos seis semanas antes de la audiencia, y la de Bourgoin-Jallieu comprueba la notificación del 12 de junio de 2025 tras la demanda del 6 de junio de 2025, en los plazos del mismo artículo. Atención a las versiones: bajo redacciones anteriores, algunos tribunales hablan de dos meses en lugar de seis semanas; la versión vigente al 22 de octubre de 2026 dice seis semanas, y es la que debe seguirse hoy. De nuevo, es su comisario de justicia quien realiza la notificación, pero usted debe exigir el justificante con la fecha.
Para un propietario que vive en España o que acaba de instalarse en Francia, estos filtros tienen una consecuencia práctica importante: entre el primer impago y la audiencia pueden pasar muchos meses aunque todo vaya bien, porque los plazos se encadenan (requerimiento, espera de la CCAPEX, señalamiento a la CAF, aviso al prefecto). Ese tiempo no es tiempo perdido si se usa para documentar: desgloses actualizados, intentos de cobro amistoso por escrito, propuesta de plan de pagos, justificantes de las comunicaciones sociales. Todo ello servirá ante el juez, tanto para obtener la resolución como para discutir los plazos de pago que el inquilino pedirá casi con seguridad.
II. Ante el juez y después de la sentencia: resolución, plazos de pago y recuperación material del piso
A. Lo que el juez decide: constatar la resolución, condenar a pagar y, a veces, dar plazos
El juez competente es el juge des contentieux de la protection, el juez de lo contencioso de la protección del tribunal judicial del lugar donde está el piso. Es el juez natural de los alquileres de vivienda, y en París se trata de las salas especializadas del tribunal judicial de París. Lo que el arrendador le pide normalmente es triple: que condene al inquilino a pagar la deuda, que constate que la cláusula resolutoria ya produjo su efecto en una fecha determinada y que ordene el desalojo con indemnización por ocupación hasta la salida. La constatación tiene fecha: en Caen, el tribunal fijó la resolución al 5 de febrero de 2024, al expirar el plazo de dos meses del requerimiento del 5 de diciembre de 2023 bajo la versión entonces vigente; en Bourgoin-Jallieu, al 15 de marzo de 2025, al expirar el plazo tras el requerimiento del 14 de enero de 2025. Con la versión vigente, esa fecha se calcularía seis semanas después del requerimiento infructuoso, siempre que el requerimiento contenga las seis menciones y la deuda no se haya saldado íntegramente en el plazo. Si el contrato no contiene cláusula resolutoria, el camino es distinto: el arrendador debe pedir al juez que pronuncie la resolución judicial del alquiler por incumplimiento, y en Bourgoin-Jallieu el arrendador lo pedía con carácter subsidiario con fundamento en los artículos 1224 a 1230 del Código civil, aunque el tribunal no necesitó llegar a ello porque la cláusula estaba reunida.
La condena en dinero comprende los alquileres y cargas vencidos e impagados hasta la fecha de la resolución, con intereses legales, más una indemnité d’occupation, indemnización por ocupación, desde la resolución hasta la liberación efectiva de la vivienda, normalmente fijada por referencia al importe del alquiler y las cargas como si el contrato siguiera vigente. En Caen, el tribunal condenó a 3.018,46 euros al 14 de abril de 2025 con intereses legales desde la demanda, más una indemnización mensual de 904,48 euros desde el 5 de febrero de 2024 hasta la salida; en Bourgoin-Jallieu, como el inquilino había ido pagando durante el proceso y al final solo quedaban 189,59 euros de gastos, el tribunal lo condenó a esa suma con intereses y rechazó el desalojo. Estas dos salidas muestran lo esencial: el juez liquida la cuenta con precisión y adapta la respuesta a la situación real el día de la audiencia, no a la del inicio del pleito. Por eso el desglose actualizado a la fecha más próxima a la audiencia es la pieza reina del expediente del propietario.
El momento más delicado para el propietario es la petición de plazos del inquilino, porque el juez francés dispone de un poder amplio para concederlos y suspender los efectos de la cláusula. En derecho común, el juez puede, teniendo en cuenta la situación del deudor y las necesidades del acreedor, aplazar o escalonar el pago de las cantidades debidas hasta un máximo de dos años, con resolución motivada, y su decisión suspende los procedimientos de ejecución iniciados por el acreedor (artículo 1343-5 del Código civil, plazo de gracia de dos años como máximo). En materia de alquiler de vivienda, la ley de 1989 va más lejos desde la reforma de la ley n.º 2023-668 del 27 de julio de 2023, de aplicación inmediata: el juez puede, a petición del inquilino, del arrendador o de oficio, siempre que el inquilino esté en situación de pagar su deuda y haya reanudado el pago íntegro del alquiler corriente antes de la audiencia, conceder plazos de pago de hasta tres años, por excepción al plazo del artículo 1343-5 (artículo 24, V, de la ley n.º 89-462, plazos de hasta tres años). La sentencia de Caen aplica este régimen al detalle: la inquilina pedía veinticuatro meses, acreditaba sus ingresos, había reanudado el pago íntegro del alquiler corriente antes de la audiencia y seguía un plan de saneamiento pactado con el organismo de vivienda, de modo que el tribunal le concedió el escalonamiento y, en aplicación del apartado VII del mismo artículo, suspendió los efectos de la cláusula resolutoria durante esos plazos, de forma que la cláusula se tendrá por no aplicada si la inquilina paga en tiempo y forma, y recuperará su pleno efecto al primer impago o incumplimiento del calendario fijado (artículo 24, VII, de la ley n.º 89-462, suspensión y reanudación de los efectos de la cláusula). La ley prevé además reglas específicas cuando existe un procedimiento de sobreendeudamiento, con suspensiones vinculadas a las decisiones de la comisión de sobreendeudamiento y, en caso de restablecimiento personal con borrado de deudas, una suspensión de dos años desde la decisión o la sentencia de cierre, siempre sin suspender el pago del alquiler y las cargas corrientes. Si su inquilino invoca el sobreendeudamiento, no discuta ese procedimiento usted mismo: pida al juez la verificación de cada elemento de la deuda, que el propio artículo 24, V, le permite controlar de oficio, y aporte todos los datos sobre las ayudas y el plan de pagos.
De todo ello se deducen tres consejos de prueba para el propietario. Primero, demuestre la realidad y el importe exacto de la deuda con el contrato, el requerimiento regular y desgloses actualizados y coherentes entre sí, depurados de gastos de procedimiento, porque el juez los excluye de la deuda, como hizo Caen. Segundo, demuestre que usted cumplió su parte: requerimiento con las seis menciones, señalamiento a la CCAPEX y a la CAF, aviso al prefecto, todo con justificantes fechados. Tercero, prepárese para la audiencia como si los plazos fueran a concederse: proponga por escrito, antes o en la audiencia, un calendario realista, y documente si el inquilino ha reanudado o no el pago del alquiler corriente, porque de esa reanudación depende que el juez pueda conceder los tres años y suspender la cláusula. En Bourgoin-Jallieu, el inquilino pagaba 200 euros mensuales además del alquiler y la deuda casi había desaparecido el día del juicio: el tribunal constató la cláusula pero denegó el desalojo. Moraleja: un expediente que solo pide «expulsión» sin alternativa de calendario queda a merced de la suspensión; un expediente que propone un calendario serio conserva la iniciativa incluso si se conceden plazos.
B. Después de la sentencia: salir del piso, tregua invernal y ejecución forzosa
Obtener la resolución no significa recuperar las llaves al día siguiente. La ejecución del desalojo está a su vez enmarcada por plazos de orden público del Código de los procedimientos civiles de ejecución. La regla de partida: si el desahucio afecta a una vivienda habitada por la persona expulsada o por ocupantes de su parte, solo puede practicarse una vez transcurrido un plazo de dos meses desde el requerimiento de abandonar los locales (commandement d’avoir à libérer les lieux), sin perjuicio de los artículos siguientes (artículo L. 412-1 del Código de los procedimientos civiles de ejecución, dos meses desde el requerimiento de desalojo). El juez puede reducir o suprimir ese plazo, en particular cuando el desalojo se refiere a una ocupación con maniobras o con mala fe constatada, pero fuera de esos casos el plazo protege al ocupante. Y ese requerimiento de desalojo debe reproducir, bajo pena de nulidad, los artículos L. 412-1 a L. 412-6 (artículo R. 412-1 del mismo Código, reproducción obligatoria bajo pena de nulidad). Para el propietario, esto significa un nuevo acto de comisario de justicia después de la sentencia, con su propio control de regularidad: pida la copia y verifique las reproducciones legales antes de contar los dos meses.
El juez puede además conceder al ocupante prórrogas renovables cuando su realojo no pueda producirse en condiciones normales, y puede concederlas en la propia sentencia de desahucio (artículo L. 412-3 del mismo Código, plazos renovables por dificultad de realojo). Esta facultad no se aplica cuando el ocupante entró por maniobras, amenazas, violencia o coacción, ni cuando el propietario ejerce su derecho de recuperación en el marco protegido de la ley de 1948 citado por el texto, ni cuando el procedimiento de realojo fracasó por culpa del inquilino o este es de mala fe. En la práctica parisina y de la pequeña corona, donde el realojo es objetivamente difícil, estas prórrogas son frecuentes y deben anticiparse en el calendario: una sentencia favorable en otoño puede ejecutarse muchos meses después si el juez concede prórrogas sucesivas.
A ello se añade la trêve hivernale, la tregua invernal: aunque exista una decisión de desahucio con fuerza de cosa juzgada y aunque hayan expirado las prórrogas, toda medida de desahucio no ejecutada se suspende cada año desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo siguiente, salvo que el realojo esté asegurado en condiciones suficientes que respeten la unidad y las necesidades de la familia (artículo L. 412-6 del mismo Código, suspensión del 1 de noviembre al 31 de marzo). La administración confirma que la tregua va generalmente del 1 de noviembre al 31 de marzo del año siguiente (Service-Public, impagados y desahucio). Durante ese periodo, el arrendador puede continuar el procedimiento judicial, pero no practicar materialmente el desalojo. Solo hay una excepción importante: la tregua no se aplica cuando el desahucio se pronunció por introducirse sin derecho ni título en el domicilio ajeno con maniobras, amenazas, violencia o coacción, y el juez puede reducirla o suprimirla cuando la entrada irregular con esos procedimientos afectó a un local distinto del domicilio. No confunda este supuesto con el suyo: un inquilino con contrato que deja de pagar no es un ocupante sin derecho ni título, de modo que la tregua sí le protege. La sentencia de Caen lo recuerda a su manera al precisar que, si la cláusula recupera su efecto por incumplimiento del calendario, el desalojo deberá practicarse en las condiciones de los artículos L. 411-1 y siguientes, ni antes de dos meses desde el requerimiento de desalojo ni durante la tregua invernal.
Cuando todos los plazos expiran sin salida voluntaria, el comisario de justicia intenta primero la recuperación amistosa y, si el inquilino se niega a abrir o a irse, levanta acta e interviene la fuerza pública con autorización del prefecto. Los muebles que queden en la vivienda se depositan en un guardamuebles a costa de la persona expulsada, como pedían y obtenían los arrendadores en las dos sentencias comentadas. Dos advertencias finales para propietarios impacientes: está prohibido hacerse justicia por uno mismo cambiando la cerradura, retirando los muebles o cortando los suministros, y cualquier vía de hecho expone a responsabilidad penal y a indemnizar al inquilino; y la indemnización por ocupación sigue corriendo hasta la liberación efectiva con entrega de llaves y estado de lugares de salida, de modo que cada mes de retraso documentado aumenta la condena dineraria. En París y en la región parisina, donde los plazos de audiencia ante el juez de protección y los plazos de concurso de la fuerza pública pueden alargar el calendario, la regularidad del expediente inicial (requerimiento con seis menciones, CCAPEX, CAF, prefecto) es lo que evita perder una estación entera: un acto nulo en primavera significa, con la tregua de por medio, un año perdido.
Conclusión
El inquilino que no paga en Francia no se recupera con presión, sino con un procedimiento en cuatro tiempos: un requerimiento de pago por comisario de justicia con las seis menciones legales, que hoy deja seis semanas para pagar antes de que la cláusula resolutoria produzca efecto; unos filtros sociales previos (comisión de prevención, organismo de ayudas a la vivienda y prefecto) cuya omisión hace inadmisible la demanda; una sentencia que constata la resolución en una fecha precisa, liquida la deuda al euro con intereses e indemnización por ocupación, y que muy a menudo concede al inquilino que ha reanudado el alquiler corriente un calendario de hasta tres años con suspensión de la cláusula; y una ejecución con dos meses para desalojar, prórrogas posibles por dificultad de realojo y tregua del 1 de noviembre al 31 de marzo. Las sentencias de Bourgoin-Jallieu del 4 de noviembre de 2025 y de Caen del 2 de julio de 2025 muestran que los jueces controlan cada fecha y cada mención, depuran la cuenta de gastos indebidos y adaptan la solución al día de la audiencia. Si usted es propietario hispanohablante con un piso alquilado en Francia, monte el expediente desde el primer impago con esa exigencia: contrato, requerimiento regular, desgloses actualizados, justificantes de cada comunicación social y propuesta de calendario. Y recuerde la regla de oro de los plazos: cada afirmación sobre un plazo debe comprobarse en el texto vigente en Legifrance o en la sentencia que lo aplica, porque las versiones cambian, como cambió de dos meses a seis semanas el plazo del requerimiento, y un plazo leído en una sentencia antigua puede ya no ser el suyo.
Leer también
- Salí del piso en Francia y el casero me retiene un 20 % de la fianza por las cargas de la comunidad: provisión, cuentas anuales, regularización y cómo reclamar
- Compré una casa en Francia y aparecen humedades que el vendedor ocultó: qué probar, dos años para reclamar y cómo pedir la anulación o la rebaja
- Heredamos una casa en Francia y no queremos venderla todavía: convenio de indivisión, quién decide, quién paga, cinco años y cómo salir