En España, la palabra « fraude » figura entre las búsquedas que más crecen esta semana, con un volumen superior a 50.000 consultas y una progresión del 1.000 %. El motivo es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada el 15 de octubre de 2026 que obliga a los bancos a devolver de inmediato el dinero sustraído mediante phishing, sin poder escudarse en una supuesta negligencia grave del cliente para retrasar el reembolso. La noticia la recogen la prensa económica española y el Consejo General de la Abogacía Española, que habla de una protección reforzada de las víctimas de operaciones de pago no autorizadas. La regla es europea y se aplica en todos los Estados miembros, incluida Francia, donde la directiva está transpuesta en el Code monétaire et financier (Código monetario y financiero). Por eso este análisis interesa también a quien opera con un banco en Francia: un residente español con cuenta francesa, un trabajador desplazado o un estudiante que sufre una estafa por SMS, correo o llamada del falso asesor. Este artículo explica, con los textos en la mano, cuánto tarda el banco en devolver el dinero, cuál es la única excepción admitida, quién debe probar qué y cuándo el cliente responde con su propio patrimonio.
I. El banco debe devolver el dinero estafado: la devolución inmediata tras la sentencia del TJUE
El punto de partida es sencillo y lo fija el propio Tribunal de Justicia en el fallo del asunto C-70/25: el banco devuelve primero y discute después. Esa idea recorre toda la Directiva (UE) 2015/2366 sobre servicios de pago, conocida como DSP2, y su transposición francesa. Conviene leerla con calma porque de ella dependen los plazos, las excepciones y la estrategia de reclamación.
A. Cuánto tarda el banco en devolver el dinero estafado por phishing
La respuesta la da el artículo 73, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/2366, sobre la responsabilidad del proveedor de servicios de pago en caso de operaciones no autorizadas: el proveedor debe reembolsar el importe de la operación no autorizada inmediatamente después de tener conocimiento de ella o tras haber sido informado, y en cualquier caso a más tardar al final del primer día hábil siguiente. La única salvedad prevista es que el proveedor tenga motivos razonables para sospechar un fraude y comunique esos motivos por escrito a la autoridad nacional competente.
En Francia, esa misma regla figura en el artículo L. 133-18 del Code monétaire et financier: « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 , le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France » (En caso de operación de pago no autorizada comunicada por el usuario en las condiciones previstas en el artículo L. 133-24, el proveedor de servicios de pago del ordenante reembolsará al ordenante el importe de la operación no autorizada inmediatamente después de tener conocimiento de ella o tras haber sido informado, y en cualquier caso a más tardar al final del primer día hábil siguiente, salvo que tenga motivos razonables para sospechar un fraude del usuario y comunique dichos motivos por escrito al Banco de Francia). Véase el artículo L. 133-18 del Código monetario y financiero en Légifrance.
Tres consecuencias prácticas se deducen de estos textos. Primera, el plazo se cuenta en días hábiles (jours ouvrables, días laborables bancarios): si el cliente avisa un viernes por la noche, el reembolso debe producirse como muy tarde al final del siguiente día hábil. Segunda, el banco debe dejar la cuenta como si la operación fraudulenta nunca hubiera existido: la directiva exige restablecer la cuenta de pago al estado anterior y que la fecha de valor del abono no sea posterior a la del cargo. Tercera, el derecho nace desde que el banco conoce la operación o el cliente la denuncia; no es necesario esperar al resultado de una investigación interna ni presentar primero una denuncia policial, aunque denunciar siempre ayuda a acreditar los hechos.
La sentencia que ha encendido las búsquedas confirma esta lectura. El asunto C-70/25, resuelto el 15 de octubre de 2026 y publicado con la referencia ECLI:EU:C:2026:852, responde a una cuestión prejudicial del juzgado polaco de Koszalin en el litigio entre una clienta y el banco PKO BP. Según relata el Consejo General de la Abogacía Española, la clienta fue estafada al intentar vender un objeto por internet: un supuesto comprador le envió un enlace fraudulento que permitió a los estafadores ejecutar operaciones de pago. El Tribunal declara en su fallo que un proveedor de servicios de pago no puede negarse a reembolsar de inmediato el importe de una operación de pago no autorizada con el argumento de que el ordenante habría hecho posible la operación por negligencia grave, incumpliendo las obligaciones del artículo 69 de la Directiva 2015/2366. El expediente puede seguirse en la ficha del asunto C-70/25 en Curia.
Para el lector que opera en Francia, la lección es directa: el banco francés está sujeto a la misma obligación de reembolso al siguiente día hábil, porque aplica el mismo artículo L. 133-18. La sentencia polaca no crea un derecho nuevo; recuerda a todos los bancos europeos que la devolución inmediata es la regla y no la excepción.
B. Cuándo puede el banco negarse a devolver de inmediato: la única excepción legal
El Tribunal de Luxemburgo es tajante: el artículo 73, apartado 1, de la directiva solo prevé una excepción a la devolución inmediata, que es la sospecha de fraude comunicada por escrito a la autoridad nacional competente. No existe ninguna excepción equivalente cuando lo que el banco sospecha es que el ordenante hizo posible la operación no autorizada por negligencia grave, incumpliendo las obligaciones del artículo 69 de la directiva.
En derecho francés, esa única excepción se formula en términos idénticos: el banco solo puede suspender el reembolso si tiene buenas razones para sospechar un fraude del propio usuario y si comunica esas razones por escrito al Banco de Francia (Banque de France, la autoridad nacional francesa de supervisión bancaria). Sospechar un fraude del cliente significa sospechar que el propio cliente organizó la operación o participó en ella, no simplemente que fue imprudente al pinchar un enlace o atender una llamada. La sospecha de imprudencia, por fundada que parezca al banco, no autoriza a retrasar ni un día la devolución.
La sentencia distingue además dos momentos que no deben confundirse: la devolución inmediata y la imputación definitiva de las pérdidas. Según el Tribunal, ordenar la devolución inmediata no impide que el proveedor reclame posteriormente al ordenante, en las condiciones del artículo 74, apartado 1, de la directiva, el reembolso de las pérdidas cuando estas resulten de un incumplimiento por negligencia grave de las obligaciones del artículo 69. Dicho de otro modo: el banco paga primero y, si cree que el cliente fue gravemente negligente, deberá demostrarlo después para recuperar lo pagado. Esa es la segunda parte del razonamiento, y es donde se juega el dinero.
II. Negligencia grave y phishing: quién debe probar y quién paga al final
Una vez recibido el reembolso, el cliente suele pensar que el asunto terminó. No siempre es así: el banco puede intentar repercutirle las pérdidas alegando fraude o negligencia grave. Aquí el reparto de la prueba decide casi todo, y la jurisprudencia francesa reciente protege con firmeza al consumidor.
A. Qué debe probar el banco antes de culpar al cliente: autenticación, registro y ausencia de fallo
El artículo 72, apartado 1, de la directiva reparte la carga de la prueba (charge de la preuve, carga probatoria) de forma clara: cuando el usuario niega haber autorizado una operación, corresponde al proveedor demostrar que la operación fue autenticada, debidamente registrada y contabilizada y que no se vio afectada por ninguna deficiencia técnica o de otro tipo del servicio prestado. El simple hecho de que el sistema del banco muestre que se usaron los códigos correctos no basta por sí solo para probar ni la autorización ni la negligencia del cliente.
El derecho francés reproduce la regla en el artículo L. 133-23 del Code monétaire et financier: « il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre » (corresponde a su proveedor de servicios de pago demostrar que la operación fue autenticada, debidamente registrada y contabilizada y que no se vio afectada por ninguna deficiencia técnica o de otro tipo). Y el mismo artículo añade una precisión esencial para los litigios por phishing: « L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière » (El simple registro del uso del instrumento de pago por el proveedor no basta por sí solo para probar que la operación fue autorizada por el ordenante ni que este incumplió intencionalmente o por negligencia grave sus obligaciones). Véase el artículo L. 133-23 en Légifrance. Que el sistema informático del banco muestre que se introdujeron los códigos correctos no prueba que el cliente autorizara la operación ni que fuera negligente.
La Cour de cassation francesa, la más alta jurisdicción civil del país, lo confirmó el 20 de noviembre de 2024 en una sentencia publicada en su boletín oficial (casación n.º 23-15.099, ECLI:FR:CCASS:2024:CO00686, consultable en la web de la Cour de cassation). El caso recuerda mucho a los fraudes actuales: un cliente entregó su RIB y después su tarjeta y sus códigos a un desconocido contactado en Instagram, lo que permitió vireos y pagos fraudulentos. La corte de apelación lo había condenado por negligencias graves. La Cour de cassation anuló la condena con este fundamento: « Il résulte de ces textes que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre » (De estos textos resulta que, si pretende repercutir al usuario de un instrumento de pago con dispositivo de seguridad personalizado las pérdidas de una operación no autorizada hecha posible por un incumplimiento intencional o por negligencia grave de las obligaciones de los artículos L. 133-16 y L. 133-17, el proveedor debe probar antes que la operación fue autenticada, debidamente registrada y contabilizada y que no se vio afectada por ninguna deficiencia técnica o de otro tipo).
En la práctica, esto significa que el banco que quiera recuperar el dinero debe aportar mucho más que sus propios registros: debe demostrar la autenticación efectiva, la corrección del registro contable y la ausencia de fallo de su sistema, antes incluso de discutir la conducta del cliente. Un banco que se limite a decir que los códigos eran correctos y que por tanto el cliente validó no cumple esa exigencia. En un litigio, el juez verificará si la entidad aporta los registros de autenticación, la traza contable completa de las operaciones y la prueba de que su sistema no sufrió ninguna deficiencia, antes de examinar siquiera si el cliente protegió sus claves o avisó a tiempo.
B. Cuándo paga el cliente: fraude, negligencia grave, tope de 50 euros y plazo de 13 meses
El cliente solo soporta definitivamente las pérdidas en los casos del artículo 74, apartado 1, de la directiva, recogidos en Francia en el artículo L. 133-19, IV: « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 » (El ordenante soportará todas las pérdidas si resultan de una actuación fraudulenta por su parte o del incumplimiento intencional o por negligencia grave de las obligaciones de los artículos L. 133-16 y L. 133-17). Fuera del fraude y de la negligencia grave, el riesgo del cliente está limitado a un tope de 50 euros cuando la operación deriva de la pérdida, el robo o el desvío del instrumento: « le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17 , les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 € » (el ordenante soportará, antes de la información prevista en el artículo L. 133-17, las pérdidas vinculadas al uso del instrumento, con un límite máximo de 50 euros). Véase el artículo L. 133-19 en Légifrance.
¿Qué obligaciones son esas? El artículo L. 133-16 impone al usuario « prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » (adoptar toda medida razonable para preservar la seguridad de sus datos de seguridad personalizados), es decir, cuidar sus claves y códigos. Véase el artículo L. 133-16 en Légifrance. Y el artículo L. 133-17 le obliga a avisar sin tardanza en cuanto detecta la pérdida, el robo o el uso no autorizado: « Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci » (Cuando tenga conocimiento de la pérdida, robo, desvío o cualquier uso no autorizado de su instrumento de pago o de los datos vinculados, el usuario informará sin demora a su proveedor, a efectos de bloqueo). Véase el artículo L. 133-17 en Légifrance.
La jurisprudencia francesa interpreta la negligencia grave con exigencia. El 23 de octubre de 2024, la Cour de cassation desestimó el recurso de un gran banco francés contra un cliente víctima de spoofing, la técnica que falsifica en la pantalla del teléfono el número real del banco (casación n.º 23-16.267, ECLI:FR:CCASS:2024:CO00586, en la web de la Cour de cassation). Una falsa asesora llamó al cliente, le hizo suprimir y reinscribir beneficiarios de transferencias con el pretexto de frustrar un ciberataque y le dictó validaciones con su código confidencial. La Corte validó que no hubo negligencia grave: la llamada mostraba el número de la consejera real, el cliente creía hablar con una empleada del banco y « le mode opératoire […] a mis M. [J] en confiance et a diminué sa vigilance » (el modus operandi generó confianza en el cliente y redujo su vigilancia), de modo que « la cour d’appel a pu déduire que la négligence grave de M. [J] n’était pas caractérisée » (la corte de apelación pudo deducir que la negligencia grave no estaba acreditada).
Quedan dos reglas de procedimiento que el lector no debe perder de vista. Primera, el aviso al banco debe darse sin demora y como muy tarde dentro de los trece meses siguientes al cargo, bajo pena de preclusión (forclusion, pérdida del derecho por dejar pasar el plazo). El artículo L. 133-24 dispone: « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion » (El usuario comunicará sin demora a su proveedor cualquier operación no autorizada o mal ejecutada, y como muy tarde dentro de los trece meses siguientes a la fecha del cargo, so pena de preclusión). Véase el artículo L. 133-24 en Légifrance. Segunda, si el banco incumple la devolución inmediata, el cliente puede acudir al mediador de consumo del sector bancario para intentar resolver el litigio, vía prevista en el artículo L. 316-1 del mismo código (véase el artículo L. 316-1 en Légifrance), y después a los tribunales. Conviene conservar desde el primer día todas las pruebas: mensajes, enlaces, capturas de pantalla, números llamantes, extractos y la reclamación escrita con su fecha, porque la fecha de la reclamación fija el punto de partida del plazo del siguiente día hábil.
Conclusion
La sentencia del TJUE de 15 de octubre de 2026 no inventa ningún derecho nuevo: recuerda que, ante una operación de pago no autorizada por phishing, el banco debe devolver el importe como muy tarde al final del siguiente día hábil y que la única excepción admitida es la sospecha de fraude del propio cliente comunicada por escrito a la autoridad nacional, en Francia al Banco de Francia. La supuesta negligencia grave del cliente no permite retrasar la devolución; como mucho, y después de haber pagado, el banco podrá intentar recuperar las cantidades si demuestra primero la autenticación, el registro correcto y la ausencia de fallo técnico, y después el incumplimiento intencional o gravemente negligente del usuario. En Francia, esa arquitectura europea vive en los artículos L. 133-16 a L. 133-24 del Code monétaire et financier, con un tope de 50 euros fuera del fraude y la negligencia grave, y encuentra apoyo en la jurisprudencia reciente de la Cour de cassation, que exige al banco probar antes de culpar y que no ve negligencia grave en la víctima del falso asesor que falsifica el número del banco. Quien sufre hoy un phishing con una cuenta en Francia dispone, por tanto, de un guion claro: avisar sin tardanza para bloquear el instrumento, reclamar por escrito para fijar la fecha, exigir la devolución al siguiente día hábil y, si el banco se niega alegando imprudencia, recordar que la imprudencia alegada no es la excepción que la ley permite.
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