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Fraude bancario por phishing: cómo exigir en Francia la devolución inmediata del dinero tras la sentencia del TJUE de 15 de octubre de 2026 (asunto C-70/25)

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Fuente: Tribunal de Casación francés (Cour de cassation) – Bases de datos abiertos «Judilibre» y «Légifrance».

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Reda Kohen, abogado del Colegio de Abogados de París
Reda Kohen
Abogado del Colegio de Abogados de París
Fraude bancario por phishing: cómo exigir en Francia la devolución inmediata del dinero tras la sentencia del TJUE de 15 de octubre de 2026 (asunto C-70/25)

Usted vende un objeto por internet, recibe el mensaje de un supuesto comprador, pincha en un enlace y, en unas horas, su cuenta aparece vacía. Reclama a su banco y la respuesta es siempre la misma: usted comunicó sus claves, validó una notificación o actuó con imprudencia, así que el banco no devuelve nada. Si su cuenta está en Francia, esa respuesta ya no se sostiene como antes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de zanjar la cuestión en su arrêt du 15 octobre 2026, affaire C-70/25 (N.O. contre PKO BP): ante una operación de pago no autorizada, el banco debe devolver primero y discutir después. La mera sospecha de negligencia grave del cliente no autoriza a suspender el reembolso. Este artículo explica, para el hispanohablante con cuenta en Francia — residente, estudiante, trabajador desplazado o no residente con intereses en el país —, cómo exigir esa devolución inmediata, cuál es la única excepción que la ley admite y quién soporta definitivamente la pérdida cuando el banco intenta imputársela al cliente.

El caso que originó la sentencia es concreto y se parece a miles de reclamaciones cotidianas. Según relata el exposición de los hechos en los puntos 19 a 23 de la sentencia, una mujer en Polonia puso a la venta un objeto por internet, un supuesto comprador le envió un enlace fraudulento y los estafadores ejecutaron operaciones de pago desde su cuenta. El banco, PKO BP, se negó a devolver el dinero alegando que la clienta había hecho posible el fraude por negligencia grave. El juzgado polaco preguntó al TJUE si la Directiva sobre servicios de pago permite esa negativa. La respuesta es negativa y se aplica en toda la Unión, incluida Francia, porque el derecho francés es la transposición exacta de esa Directiva. Las reglas francesas que se citan a continuación son las del Code monétaire et financier (Código monetario y financiero), el código que regula en Francia los servicios de pago, y cada cita en francés va seguida de su explicación en español.

I. En Francia, el banco debe devolver primero y discutir después

A. Qué es una operación no autorizada y en qué plazo debe devolver el banco

Una opération de paiement non autorisée (operación de pago no autorizada) es, en Francia, todo cargo que el titular de la cuenta no consintió en la forma convenida con su banco: una transferencia que usted no ordenó, un pago con tarjeta que no validó, una operación ejecutada con credenciales robadas mediante phishing (suplantación por correo o mensaje que imita al banco o a un comprador para robar claves). Que el estafador utilizara técnicamente sus identificadores no convierte la operación en autorizada. La autorización se juzga por el consentimiento del pagador, no por el hecho de que la herramienta de pago funcionara. Por eso, cuando usted descubre cargos que no reconoce, el primer paso es calificarlos como operaciones no autorizadas y comunicarlo al banco sin demora, pidiendo el bloqueo del instrumento: la tarjeta, el acceso en línea o las claves comprometidas. El article L. 133-17 du code monétaire et financier dispone que « Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci » (Cuando tenga conocimiento de la pérdida, el robo, la desviación o cualquier utilización no autorizada de su instrumento de pago o de los datos vinculados, el usuario informará sin tardanza a su proveedor, a efectos de bloqueo del instrumento). Este aviso inmediato protege la reclamación y evita que el banco reproche una inacción posterior.

Una vez comunicada la operación no autorizada, el banco francés no dispone de un plazo de estudio ni puede abrir una fase de investigación previa al reembolso. Debe devolver el importe de inmediato y, como muy tarde, al final del primer día hábil siguiente. El article L. 133-18 du code monétaire et financier establece que « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 , le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant » (en caso de operación de pago no autorizada comunicada por el usuario en las condiciones del artículo L. 133-24, el proveedor reembolsará el importe inmediatamente después de tener conocimiento de la operación o de haber sido informado, y en todo caso como muy tarde al final del primer día hábil siguiente). La misma frase impone además restablecer la cuenta al estado en que se habría encontrado si la operación no se hubiera producido, con fecha de valor no posterior a la del adeudo: « le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu » (el proveedor restablecerá la cuenta adeudada al estado en que se habría encontrado si la operación no autorizada no hubiera tenido lugar). Cuando la reclamación se presenta un viernes por la tarde, el cómputo se traslada al siguiente día hábil bancario, pero el principio no cambia: el reembolso es inmediato y automático, no una concesión graciable del banco.

El Tribunal de Justicia confirma que esta inmediatez es la regla europea y no una particularidad francesa. En el asunto C-70/25, la Corte recuerda que el tenor del artículo 73, apartado 1, de la directive (UE) 2015/2366 sur les services de paiement impone en principio el reembolso inmediato tras conocer la operación o ser informado, y en todo caso como muy tarde al final del primer día hábil siguiente (punto 31 de la sentencia de 15 de octubre de 2026). La sentencia añade que los artículos 73 y 74 establecen un reparto del riesgo entre el proveedor de servicios de pago y el pagador (punto 37), de modo que el reembolso inmediato y la imputación definitiva de la pérdida son dos momentos distintos: primero se devuelve, después se discute quién la soporta. Para el cliente con cuenta en Francia, la consecuencia práctica es directa: el banco no puede responder que estudiará el expediente, que consultará a su servicio de fraude o que esperará el resultado de una denuncia penal antes de devolver. Debe devolver y, si cree que el cliente es responsable, actuar después por las vías legales.

Este derecho al reembolso está sujeto a un plazo de reclamación que es esencial respetar desde el primer día. El article L. 133-24 du code monétaire et financier dispone que « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion » (el usuario comunicará sin tardanza a su proveedor toda operación no autorizada o mal ejecutada, y como muy tarde dentro de los trece meses siguientes a la fecha del adeudo, so pena de preclusión). Trece meses es el plazo máximo legal para signaler (comunicar) la operación, y la sanción es la forclusion (preclusión, pérdida del derecho a reclamar por esa vía). La recomendación práctica es no esperar: comunicar el mismo día del descubrimiento, por un canal que deje constancia escrita, y conservar el justificante. Si el banco incumple su obligación de devolver a tiempo, la ley francesa añade una sanción económica automática: el mismo artículo L. 133-18 prevé que las cantidades debidas producen interés al tipo legal incrementado en cinco puntos, en diez puntos más allá de siete días de retraso y en quince puntos más allá de treinta días. El retraso, por tanto, encarece la deuda del banco.

B. La única excepción que permite al banco no devolver de inmediato

Existe una sola excepción al reembolso inmediato y es estrecha. El banco únicamente puede suspender la devolución si tiene buenas razones para sospechar un fraude cometido por el propio usuario y si comunica esas razones por escrito a la autoridad nacional competente, que en Francia es la Banque de France (Banco de Francia, la autoridad nacional de supervisión bancaria). El artículo L. 133-18 lo formula sin ambigüedad: el reembolso se produce salvo si el proveedor « a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France » (tiene buenas razones para sospechar un fraude del usuario del servicio de pago y si comunica esas razones por escrito al Banco de Francia). Dos requisitos cumulativos, por tanto: sospecha fundada de fraude del propio cliente y comunicación escrita a la autoridad. Si falta cualquiera de los dos, la excepción no existe y el banco debe devolver. Obsérvese el vocabulario: la ley habla de fraude (fraude) del usuario, no de imprudencia, descuido o ingenuidad. Que el cliente pinchara en un enlace, que atendiera una llamada del falso asesor o que validara una notificación bajo presión son, como máximo, hipótesis de negligencia; no constituyen por sí solas un fraude del cliente contra el banco.

El TJUE cierra en C-70/25 la puerta que muchos bancos intentaban abrir: convertir la supuesta negligencia grave del cliente en un motivo para no devolver. La Corte subraya que el tenor del artículo 73, apartado 1, de la directive (UE) 2015/2366 solo prevé una excepción a la obligación de reembolso inmediato: que el proveedor tenga buenas razones para sospechar un fraude y comunique esas razones por escrito a la autoridad nacional competente (punto 33 de la sentencia de 15 de octubre de 2026). Y la respuesta a la cuestión prejudicial es tajante: los artículos 73.1 y 74.1 deben interpretarse en el sentido de que un proveedor no puede negarse a reembolsar de inmediato el importe de una operación no autorizada por el motivo de que el pagador la habría hecho posible por negligencia grave, infringiendo las obligaciones del artículo 69 (punto 52, dit pour droit). El fallo distingue así dos planos: la negligencia grave puede discutirse después para imputar definitivamente la pérdida al cliente, pero nunca sirve para bloquear la devolución inicial. Cuando un banco francés responde que no devuelve porque el cliente comunicó sus identificadores o validó una operación manipulada, invoca exactamente el motivo que el TJUE acaba de prohibir como causa de denegación inmediata.

En la práctica francesa, esta excepción se controla de forma estricta. La Cour de cassation exige que el fraude sospechado esté vinculado a la ejecución de la operación controvertida y no a otro comportamiento del cliente. En su arrêt du 30 septembre 2026, n° 25-16.643, la chambre commerciale casó una resolución que había rechazado la restitución de un virement de 9 690,77 euros ejecutado sobre la base de un faux (documento falso) fabricado por el beneficiario: « le prestataire de services de paiement du payeur ne peut refuser de rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée que s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement ; que la fraude doit être en lien avec l’exécution de l’opération non autorisée » (el proveedor solo puede negarse a reembolsar si tiene buenas razones para sospechar un fraude del usuario; ese fraude debe estar vinculado a la ejecución de la operación no autorizada). La Corte añadió que « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France » (en caso de operación no autorizada comunicada en las condiciones del artículo L. 133-24, el proveedor reembolsa de inmediato y como muy tarde al final del primer día hábil siguiente, salvo buenas razones para sospechar un fraude del usuario comunicadas por escrito al Banco de Francia). El banco que pretenda ampararse en la excepción deberá, por tanto, identificar un fraude del cliente conectado con esa operación concreta y acreditar la comunicación escrita a la Banque de France; una sospecha genérica, una estadística de fraudes o la simple constatación de que las claves funcionaron no bastan.

Para el hispanohablante que opera con un banco en Francia, el procedimiento útil se resume en cuatro gestos. Primero, bloquear y comunicar el mismo día: llamar a la oposición de la tarjeta, cambiar las claves de acceso y enviar inmediatamente una reclamación escrita —correo electrónico con acuse, mensaje desde el espacio cliente conservando copia, o carta certificada— en la que se indique que las operaciones son no autorizadas, se solicite el reembolso inmediato conforme al artículo L. 133-18 y el restablecimiento de la cuenta. Segundo, exigir una respuesta en el plazo legal: si el banco responde que estudia una posible negligencia grave, recordar por escrito la sentencia TJUE de 15 de octubre de 2026, asunto C-70/25, y que la negligencia alegada no suspende la devolución. Tercero, preguntar expresamente si el banco afirma sospechar un fraude del propio cliente y si ha comunicado por escrito sus razones a la Banque de France, pidiendo copia de esa comunicación y de los motivos objetivos invocados. Sin esa comunicación, la negativa carece de base. Cuarto, conservar todas las pruebas: extractos, mensajes del estafador, capturas del enlace fraudulento, justificantes de la reclamación y de la denuncia presentada ante la policía, porque servirán en la segunda fase, la de la imputación definitiva de la pérdida.

II. Después de devolver: quién soporta definitivamente la pérdida

A. El banco debe probar el fraude o la negligencia grave, y el simple uso de las claves no basta

Una vez efectuada la devolución inmediata, el banco puede intentar recuperar lo pagado demostrando que el cliente debe soportar la pérdida. Pero la carga de la prueba pesa íntegramente sobre el banco, no sobre el cliente. El article L. 133-23 du code monétaire et financier dispone que « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée […], il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre » (cuando un usuario niega haber autorizado una operación ejecutada, incumbe a su proveedor probar que la operación fue autenticada, debidamente registrada y contabilizada y que no se vio afectada por una deficiencia técnica o de otro tipo). El mismo texto añade la precisión decisiva para los casos de phishing: « L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière » (la utilización del instrumento de pago tal como la registró el proveedor no basta por sí sola para probar que la operación fue autorizada por el pagador o que este incumplió intencionalmente o por negligencia grave sus obligaciones). Y concluye que el proveedor « fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement » (aportará elementos para probar el fraude o la negligencia grave del usuario). En otras palabras: que las trazas informáticas muestren que se usaron las claves correctas prueba el funcionamiento técnico, no el consentimiento ni la culpa del cliente.

La Cour de cassation aplica esta regla con severidad. En su arrêt du 5 mars 2025, n° 23-22.687, casó la resolución que había rechazado la reclamación de una clienta de BNP Paribas víctima de dos pagos a distancia no reconocidos. El tribunal había deducido la culpa de la clienta de las trazas de su espacio en línea: una dirección IP inhabitual, el registro de su clé digitale (clave digital, el sistema de autenticación del banco mediante código por SMS) en un aparato nuevo y la validación de ese registro. La Corte respondió que « il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées, que cette preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés » (incumbe al proveedor probar que el usuario que niega haber autorizado la operación actuó fraudulentamente o incumplió intencional o gravemente su obligación de preservar la seguridad de sus datos de seguridad personalizados, y esa prueba de la negligencia grave no puede deducirse del solo hecho de que el instrumento o los datos vinculados fueron efectivamente utilizados). Al deducir la negligencia grave de la sola utilización de los datos personalizados, el tribunal violó los artículos L. 133-16, L. 133-19 y L. 133-23. La lección es clara: el banco debe aportar elementos concretos del comportamiento reprochado —qué obligación precisa incumplió el cliente y cómo—, no limitarse a exhibir registros de conexión.

Esta exigencia probatoria se articula con las obligaciones del usuario, que existen pero se interpretan sin automatismos. El article L. 133-16 du code monétaire et financier prevé que « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation » (desde que recibe un instrumento de pago, el usuario adoptará toda medida razonable para preservar la seguridad de sus datos de seguridad personalizados y utilizará el instrumento conforme a las condiciones de su emisión y uso). Las données de sécurité personnalisées (datos de seguridad personalizados) son las credenciales propias del cliente: códigos, contraseñas, validaciones por móvil. La negligencia grave (négligence grave) supone un incumplimiento manifiesto y caracterizado de estas precauciones elementales, apreciado en concreto: no equivale a cualquier imprudencia, ni se presume por el mero hecho de haber sido engañado por un estafador profesional que imitaba al banco. Los jueces franceses examinan las circunstancias reales —calidad de la imitación, presión temporal, complejidad del escenario, perfil del cliente— y rechazan las cláusulas o prácticas que pretenden invertir automáticamente la responsabilidad hacia el cliente por el solo uso de las claves. Para el reclamante hispanohablante, esto significa que debe prepararse a describir con precisión cómo ocurrió el engaño y a demostrar su buena fe, pero que no tiene que probar su propia inocencia: es el banco quien debe probar su culpa.

B. Cuánto dinero puede perder definitivamente el cliente: los 50 euros, la negligencia grave y el fraude

La imputación definitiva de la pérdida depende del comportamiento real del pagador y sigue una escala de tres niveles. El primer nivel es el de las operaciones consecutivas a la pérdida o al robo del instrumento: el cliente soporta las pérdidas anteriores al aviso de bloqueo dentro del límite de 50 euros. El article L. 133-19 du code monétaire et financier dispone que « En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17 , les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 € » (en caso de operación no autorizada consecutiva a la pérdida o al robo del instrumento, el pagador soportará, antes de la información prevista en el artículo L. 133-17, las pérdidas vinculadas al uso del instrumento, hasta un máximo de 50 euros). Este tope deja de aplicarse en varios supuestos protectores: cuando la operación se efectuó sin utilizar los datos de seguridad personalizados, cuando la pérdida no podía ser detectada por el pagador antes del pago, o cuando el perjuicio deriva de actos o carencias del propio proveedor o de sus agentes. Y después del aviso de bloqueo, el cliente ya no soporta ninguna consecuencia financiera, salvo fraude propio. Esta arquitectura europea es la que describe la Corte al recordar el artículo 74 de la directive (UE) 2015/2366: los Estados pueden hacer soportar al pagador, por derogación, hasta 50 euros por las pérdidas vinculadas a operaciones no autorizadas consecutivas a la pérdida, robo o desviación de un instrumento de pago, salvo que esos hechos no pudieran ser detectados por el pagador antes del pago (punto 35 de la sentencia). Para la víctima de phishing que conserva su tarjeta y solo vio comprometidas sus claves en línea, este primer nivel rara vez decide el litigio; el debate se traslada a los dos niveles siguientes.

El segundo nivel es la negligencia grave, que puede hacer soportar al cliente todas las pérdidas. El mismo artículo L. 133-19 prevé que « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 » (el pagador soportará todas las pérdidas ocasionadas por operaciones no autorizadas si resultan de una actuación fraudulenta por su parte o si incumplió intencionalmente o por negligencia grave las obligaciones de los artículos L. 133-16 y L. 133-17). La fórmula es exigente: exige un incumplimiento intencional o gravemente negligente de obligaciones precisas —preservar las credenciales y avisar sin tardanza—, no una torpeza ordinaria. Comunicar las claves al falso consejero bajo un escenario elaborado, por ejemplo, se discute caso por caso: los bancos lo presentan sistemáticamente como negligencia grave, pero los jueces verifican si el cliente dispuso de medios reales de detectar el engaño, si el banco había desplegado una authentification forte (autenticación reforzada, la verificación en dos elementos independientes que la ley exige para validar pagos sensibles) y si el mensaje fraudulento era razonablemente identificable. A este respecto, la ley añade una protección relevante: « Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44 » (salvo actuación fraudulenta, el pagador no soportará ninguna consecuencia financiera si la operación se efectuó sin que el proveedor exigiera la autenticación reforzada prevista). Cuando el banco permitió validar una operación sensible sin esa doble verificación, no puede trasladar la pérdida al cliente. En la práctica, resulta útil pedir al banco el detalle técnico de cada operación controvertida —canal, autenticación aplicada, alertas generadas— y compararlo con lo que la normativa de seguridad exigía.

El tercer nivel es el fraude del propio cliente, el único que priva de toda protección. Si el pagador actuó fraudulentamente —por ejemplo, simulando un phishing para quedarse con el reembolso y el importe desviado—, soporta todas las pérdidas y puede exponerse a acciones penales y civiles del banco. Pero la calificación de fraude no se improvisa: debe estar vinculada a la ejecución de la operación controvertida, como recordó la Cour de cassation en el citado arrêt du 30 septembre 2026, n° 25-16.643, y comunicarse por escrito a la Banque de France cuando funda la denegación del reembolso inmediato. Un banco no puede etiquetar de fraude cualquier reclamación insistente ni deducir la mala fe del cliente de contradicciones menores en su relato. Para el cliente de buena fe, la estrategia consiste en mantener un relato coherente y documentado desde la primera reclamación, presentar denuncia penal contra desconocido por los hechos de estafa y suplantación, y remitir al banco copia de la denuncia: la denuncia no es una condición legal del reembolso, pero refuerza la credibilidad y fija la cronología. Si el banco, tras devolver, reclama después al cliente las cantidades alegando negligencia grave o fraude, deberá hacerlo por las vías de derecho ordinarias y probar sus afirmaciones; el cliente podrá contestarlas con los elementos ya reunidos.

Queda la cuestión del cauce cuando el banco en Francia se niega a devolver pese a la sentencia europea. El itinerario útil, de menor a mayor intensidad, es el siguiente. Reclamación escrita al servicio de reclamaciones del banco invocando expresamente el artículo L. 133-18 y el asunto C-70/25 de 15 de octubre de 2026, con plazo de respuesta. Si la respuesta mantiene la negativa fundada en la supuesta negligencia, recurso al médiateur (mediador bancario independiente al que todo banco francés debe estar adherido), aportando el expediente completo. Paralelamente, señalamiento ante la Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Autoridad de control prudencial y de resolución, el supervisor bancario francés) cuando la práctica parezca sistemática. Y, en última instancia, acción judicial ante el tribunal competente para obtener la condena al reembolso con los intereses de demora incrementados que prevé el artículo L. 133-18. En cada etapa, el argumento central es el mismo y ahora cuenta con el respaldo del TJUE: la negligencia grave se discute después de devolver, nunca antes. Para el residente español o latinoamericano en Francia, todos estos escritos pueden presentarse en francés con ayuda de los modelos del banco y conservar copia en español; lo decisivo es la constancia escrita y el respeto del plazo de trece meses del artículo L. 133-24, porque la forclusion (preclusión) extingue la vía de reclamación aunque el fondo fuera favorable.

Conclusion

La sentencia del TJUE de 15 de octubre de 2026, asunto C-70/25, fija una regla simple para quien tiene cuenta en Francia: ante una operación de pago no autorizada, incluso conseguida mediante phishing, el banco devuelve de inmediato y como muy tarde al final del primer día hábil siguiente; la única excepción es la sospecha fundada de fraude del propio cliente comunicada por escrito a la Banque de France. La supuesta negligencia grave no suspende la devolución: se examinará después, con la prueba a cargo del banco, sin que el simple uso de las claves baste para condenar al cliente. Comunicar sin tardanza, exigir por escrito, documentar el engaño y respetar el plazo de trece meses son los cuatro reflejos que convierten este derecho europeo en un reembolso efectivo.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».