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Alquilar piso en París siendo extranjero: documentos, fianza, aval y tope del alquiler (2026)

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Fuente: Tribunal de Casación francés (Cour de cassation) – Bases de datos abiertos «Judilibre» y «Légifrance».

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Reda Kohen, abogado del Colegio de Abogados de París
Reda Kohen
Abogado del Colegio de Abogados de París
Alquilar piso en París siendo extranjero: documentos, fianza, aval y tope del alquiler (2026)

Cada mes, cientos de personas escriben desde España «alquilar piso en París» en Google, y casi todos los primeros resultados son anuncios de agencias o de plataformas. Esas páginas muestran fotos y precios, pero no explican lo que la ley francesa permite y prohíbe al propietario cuando el candidato llega de Madrid, de Barcelona, de Sevilla o de Buenos Aires. Y es justamente ahí donde se juegan los problemas reales: el arrendador que exige el aval de un francés, la agencia que cobra unos honorarios que superan el tope, el depósito de garantía que nunca vuelve a la cuenta española, el falso propietario que pide una transferencia antes de enseñar el piso, o el alquiler que supera el máximo fijado para el barrio. Este artículo responde, con los textos franceses consultados en Légifrance y con resoluciones recientes de la Cour de cassation, a las preguntas que se hace un estudiante, un trabajador desplazado, un profesional en prácticas o una familia que se instala en la capital francesa: qué documentos pueden pedirte y en qué idioma, qué tipo de contrato conviene según la duración de la estancia, cuánto pueden cobrarte de depósito, de alquiler y de honorarios, y cómo reclamar desde París o desde España si algo sale mal. La situación del control de alquileres en París también se aborda con su calendario, porque el régimen experimental está en plena discusión parlamentaria en noviembre de 2026.

I. ¿Qué piden para alquilar un piso en París siendo extranjero y qué contrato firmar?

A. Documentos para alquilar en París: la lista cerrada que el propietario no puede ampliar

El punto de partida sorprende a muchos candidatos españoles acostumbrados a que cada propietario pida lo que quiera: en Francia, la lista de documentos que un arrendador puede exigir a quien quiere alquilar su vivienda principal está fijada por decreto. El artículo 22-2 de la ley n.º 89-462 de 6 de julio de 1989, la gran ley francesa sobre arrendamientos de vivienda, dispone que esa lista «est définie par décret en Conseil d’Etat». El mismo artículo añade una regla que interesa directamente a los jóvenes que se mudan solos: «En préalable à l’établissement du contrat de location, le bailleur ne peut imposer la cosignature d’un ascendant ou d’un descendant du candidat à la location» (antes de firmar el contrato, el arrendador no puede imponer que firme también un ascendiente o un descendiente del candidato). Los incumplimientos se castigan con una multa administrativa que impone el prefecto, de hasta 3 000 euros para una persona física y 15 000 euros para una persona jurídica, según ese mismo artículo.

La lista figura en el anexo I del decreto n.º 2015-1437 de 5 de noviembre de 2015. Se organiza en cuatro bloques. Primero, un documento de identidad vigente con fotografía: el decreto menciona expresamente el documento nacional de identidad «française ou étrangère», el pasaporte francés o extranjero, el permiso de conducir francés o extranjero y, para el candidato extranjero, el documento que justifique su derecho de estancia, como la tarjeta de residente o la tarjeta de ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea. Un español puede, por tanto, presentar su DNI en vigor; un candidato latinoamericano deberá añadir, en su caso, el documento que acredite su derecho a residir en Francia. Segundo, una sola prueba de domicilio, por ejemplo los tres últimos recibos de alquiler o, a falta de ellos, una certificación del anterior arrendador, o una declaración jurada de la persona que le aloja. Tercero, uno o varios documentos sobre la actividad profesional: contrato de trabajo o de prácticas, o la tarjeta de estudiante o el certificado de matrícula del curso. Cuarto, uno o varios justificantes de recursos, como las tres últimas nóminas, el justificante de la beca o el último aviso de imposición.

Ese último punto está pensado también para quien llega del extranjero. El anexo prevé que, cuando todos o parte de los ingresos no se hayan gravado en Francia sino en otro Estado, puede presentarse el último o penúltimo aviso del impuesto que haga las veces de impuesto sobre la renta en ese Estado, «ou un document en tenant lieu établi par l’administration fiscale de cet Etat ou territoire» (o un documento equivalente expedido por la administración tributaria de ese Estado). Un certificado de la administración tributaria española sobre la declaración de la renta puede cumplir, en principio, esa función. Lo que el propietario no puede hacer es exigir documentos que no figuren en la lista, porque el artículo 22-2 solo le permite pedir los que fija el decreto.

El idioma importa. El artículo 1 del mismo decreto precisa que los documentos pueden ser copias y añade: «Elles sont rédigées ou traduites en langue française et les montants inscrits convertis en euros» (deben estar redactadas o traducidas al francés, y los importes convertidos a euros). Los originales deben poder presentarse si el arrendador lo pide. En la práctica, conviene preparar desde España una carpeta digital con la traducción al francés de las nóminas, del contrato y del certificado fiscal, con los importes ya expresados en euros: un expediente completo y legible en francés llega antes a la mesa del propietario.

La segunda cuestión clave para un extranjero es el aval, que en Francia se llama caution o garant. Muchos anuncios parisinos exigen «un garant en France». El artículo 22-1 de la ley de 1989 limita esa exigencia. Cuando el arrendador pide un aval, «celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain» (no puede rechazar al avalista porque no tenga la nacionalidad francesa o porque no resida en la Francia metropolitana). Un padre que vive en Valencia o una madre que reside en Lima no pueden ser rechazados por esos solos motivos. El mismo artículo prohíbe, bajo pena de nulidad, que el arrendador que ha contratado un seguro de impagos pida además un aval, salvo si el piso se alquila a un estudiante o a un aprendiz. Y cuando el propietario es una sociedad que no sea una sociedad civil familiar, el aval solo puede pedirse si lo aporta uno de los organismos fijados por decreto o si el inquilino es un estudiante sin beca. La persona física que avala debe firmar el acta con las menciones que exige ese artículo, que también son condición de validez.

Por último, el origen del candidato no puede servir de criterio. El artículo 1 de la ley de 1989 establece que «Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement pour un motif discriminatoire défini à l’article 225-1 du code pénal» (nadie puede ver rechazado el alquiler de una vivienda por un motivo discriminatorio de los que define el código penal). El artículo 225-1 del código penal incluye entre esos motivos el origen, el apellido, el lugar de residencia, la pertenencia, real o supuesta, a una nación, y también la capacidad de expresarse en una lengua distinta del francés. Cuando un candidato aporta elementos de hecho que hacen suponer una discriminación, el artículo 1 traslada al arrendador la carga de probar que su decisión está justificada. En el plano penal, el artículo 225-2 del código penal castiga con tres años de prisión y 45 000 euros de multa la discriminación que consiste en negar el suministro de un bien o de un servicio, de modo que un rechazo motivado por la nacionalidad podría, según las circunstancias, quedar comprendido en ese texto. Guardar los correos, los mensajes y el texto del anuncio es la primera precaución.

B. Piso vacío, amueblado o «bail mobilité»: qué contrato conviene según la duración de tu estancia

La ley francesa distingue tres contratos de vivienda principal, y la elección tiene consecuencias directas sobre la duración, el depósito y la salida. El arrendamiento de un piso vacío (location nue) se rige por el título I de la ley de 1989. En él, el depósito de garantía, lo que en España llamamos fianza, está limitado por el artículo 22: «il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal» (no puede superar un mes de alquiler sin gastos). Ese mismo artículo precisa que el depósito se entrega en el momento de la firma del contrato. Para irse, el inquilino de un piso vacío debe respetar en principio un preaviso de tres meses, que el artículo 15 reduce a un mes en los territorios mencionados en el apartado I del artículo 17, y también en casos concretos como el primer empleo, el traslado o la pérdida del empleo. El mismo artículo 15 exige que el inquilino indique y justifique el motivo de la reducción en el momento de enviar la carta de rescisión, porque a falta de ello el preaviso vuelve a ser de tres meses; el plazo corre desde la recepción de la carta certificada con acuse de recibo, de la notificación por comisario de justicia o de la entrega en mano contra recibo. La ciudad de París figura, con el código INSEE 75056, en la lista de municipios anexa al decreto n.º 2013-392 de 10 de mayo de 2013, que es la lista de municipios a la que remite el artículo 1 del decreto n.º 2014-890 de 1 de agosto de 2014 para definir la zona tensionada; ese anexo, vigente a la fecha de esta redacción, tiene prevista su derogación diferida para el 1 de enero de 2027, cuando entrará en juego una nueva lista.

El arrendamiento amueblado (location meublée), con mucho el más frecuente para quien llega del extranjero, se rige por el título I bis. El artículo 25-3 le aplica buena parte de las reglas del alquiler vacío, entre ellas las de los artículos 1, 22, 22-1 y 22-2: la lista cerrada de documentos, la protección del aval extranjero y la prohibición de discriminar valen igual. El artículo 25-7 fija una duración mínima de un año, que puede reducirse a nueve meses cuando el inquilino es estudiante, sin prórroga tácita en ese caso. El depósito sube: el artículo 25-6 lo limita a dos meses de alquiler sin gastos. A cambio, la salida es flexible: según el artículo 25-8, el inquilino puede rescindir el contrato en cualquier momento con un preaviso de un mes, incluso cuando la duración se ha reducido a nueve meses.

El tercer contrato, el bail mobilité, está hecho a medida para estancias cortas. El artículo 25-12 lo reserva al inquilino que, en la fecha de entrada en vigor del contrato, justifique estar en formación profesional, en estudios superiores, con contrato de aprendizaje, en prácticas, en servicio cívico, en traslado profesional o en misión temporal. Es el contrato típico del estudiante Erasmus o del profesional en prácticas de seis meses. El artículo 25-14 dispone que se celebra por un mínimo de un mes y un máximo de diez meses, sin renovación ni prórroga; la duración puede modificarse una sola vez por adenda sin superar los diez meses en total, y el máximo sube a dieciocho meses en las residencias con vocación de empleo que define ese texto. Su gran ventaja económica está en el artículo 25-17: «Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur» (el arrendador no puede exigir ningún depósito de garantía). Para salir, el artículo 25-15 permite al inquilino rescindir en cualquier momento con un preaviso de un mes, que corre desde la recepción de la carta certificada, de la notificación por comisario de justicia o de la entrega en mano.

Un detalle protege al inquilino frente a un contrato mal redactado. El artículo 25-13 exige que el bail mobilité sea escrito y que indique, entre otras cosas, su duración, el motivo que justifica este tipo de contrato y una mención que informe al inquilino de que el arrendador no puede exigir depósito. Si falta la mención de que se trata de un bail mobilité, o la duración, o el motivo, el contrato pasa a regirse por las reglas del amueblado ordinario, con su duración mínima de un año. Antes de firmar, conviene leer esas tres menciones con calma. Y en cualquiera de los tres contratos, el artículo 3 de la ley permite a cada parte exigir en cualquier momento un contrato conforme a la ley, que incluya en particular el importe y la fecha del último alquiler pagado por el inquilino anterior cuando este se marchó menos de dieciocho meses antes de la firma: es una información muy útil para comprobar si el precio ha subido sin justificación.

II. ¿Cuánto pueden cobrarte en París y cómo reclamar si te cobran de más?

A. Alquiler máximo en París, complemento de alquiler y honorarios de agencia: los topes que hay que comprobar

París aplica desde 2019 un control de alquileres que muchos candidatos extranjeros desconocen. El artículo 140 de la ley n.º 2018-1021 de 23 de noviembre de 2018, llamada ley ELAN, creó este dispositivo «pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi» (por una duración de ocho años a contar desde la publicación de la ley). El artículo 1 del decreto n.º 2019-315 de 12 de abril de 2019 precisa que el dispositivo «est mis en place sur l’intégralité du territoire de la ville de Paris» (se aplica en todo el territorio de la ciudad de París). El mecanismo es sencillo de enunciar: cada año, la prefectura fija por orden un alquiler de referencia por metro cuadrado, según la categoría de vivienda y el barrio, y el alquiler base del contrato debe quedar dentro del «alquiler de referencia incrementado». El texto lo define así: «Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence» (el alquiler de referencia incrementado es un 20 % superior al alquiler de referencia). El apartado IV del artículo 140 extiende el sistema a los pisos amueblados, incluidos los alquilados con bail mobilité, con una referencia propia que tiene en cuenta el mobiliario.

El calendario de este régimen exige prudencia en noviembre de 2026. La versión del artículo 140 que Légifrance presenta como vigente el 19 de noviembre de 2026 sigue siendo la de 2022, con su duración de ocho años desde la publicación de la ley de 23 de noviembre de 2018. Según un despacho de la AFP difundido el 18 de noviembre de 2026, el dispositivo llega a su término el 24 de noviembre; el Senado adoptó el 21 de octubre de 2026 una proposición de ley que lo prorroga dos años en los municipios que ya lo aplican, y la Asamblea Nacional debía examinarla el 18 de noviembre con vistas a una adopción definitiva. A la fecha de esta redacción, ninguna ley de prórroga figura publicada en Légifrance, y una proposición de ley no es derecho vigente hasta su promulgación y publicación en el Journal officiel. Los textos consultados para este artículo no indican qué ocurriría con los contratos firmados entre el término del dispositivo y una eventual prórroga posterior. La recomendación práctica es simple: antes de firmar, compruebe en Légifrance si la prórroga se ha publicado y conserve la fecha exacta de su firma, porque el artículo 140 aprecia el alquiler en relación con el alquiler de referencia incrementado «en vigueur à la date de signature de ce contrat».

Mientras el dispositivo se aplique, el inquilino cuyo alquiler base supere el alquiler de referencia incrementado puede ejercer una acción de reducción del alquiler. El apartado V del artículo 140 exige además que el contrato indique el alquiler de referencia y el alquiler de referencia incrementado; si esas cifras faltan, el inquilino puede, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del contrato, requerir al arrendador para que las incluya y, sin respuesta en un mes o ante una negativa, acudir al juez en el plazo de tres meses desde el requerimiento para obtener, en su caso, la reducción del alquiler. Son plazos breves, que empiezan a correr nada más instalarse, a menudo cuando el recién llegado todavía está abriendo su cuenta bancaria francesa.

La cuestión más discutida es el «complemento de alquiler» (complément de loyer), que permite superar el tope cuando la vivienda presenta características de ubicación o de confort que lo justifican frente a viviendas comparables del mismo sector. Según el artículo 140 de la ley ELAN, ese complemento y las características que lo justifican deben figurar en el contrato, y no puede aplicarse cuando la vivienda tiene, por ejemplo, el aseo en el rellano, humedad en algunas paredes, una calificación energética F o G, una vista directa a menos de diez metros o una instalación eléctrica deteriorada. El inquilino que quiera impugnarlo dispone de tres meses desde la firma del contrato para acudir a la comisión departamental de conciliación, salvo en el bail mobilité, y el mismo artículo invierte la carga de la prueba: «En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant» (en caso de impugnación, corresponde al arrendador demostrar que la vivienda presenta características de ubicación o de confort que lo justifiquen). Sin conciliación, el inquilino dispone de tres meses desde la recepción del dictamen de la comisión para acudir al juez, según ese mismo apartado.

Dos sentencias recientes de la tercera sala de lo civil de la Cour de cassation muestran cómo se aplica la regla. En la primera, de 4 de diciembre de 2025, se trataba de un piso parisino frente a una iglesia catalogada como monumento histórico. El tribunal de apelación había admitido el complemento, y la Cour de cassation rechazó el recurso de los inquilinos: la vista despejada sobre el monumento era una característica propia del piso, «ce dont elle a pu déduire que la bailleresse était fondée à réclamer, en sus du loyer de référence majoré applicable, un complément de loyer dont elle a souverainement apprécié le montant» (de lo que pudo deducir que la arrendadora tenía derecho a reclamar, además del alquiler de referencia incrementado, un complemento cuyo importe apreció soberanamente) (Cass. 3e civ., 4 de diciembre de 2025, n.º 24-15.589). La segunda, de 12 de febrero de 2026, resolvió el caso de una habitación amueblada en piso compartido cuyo contrato no preveía complemento: «Ayant relevé que le contrat de bail écrit ne prévoyait pas de complément de loyer, le juge, qui n’était pas tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision» (al haber constatado que el contrato escrito no preveía complemento, el juez justificó legalmente su decisión por ese solo motivo) (Cass. 3e civ., 12 de febrero de 2026, n.º 24-20.958). La lección para el inquilino es doble: un complemento que no figure por escrito en el contrato no puede invocarse después, y un complemento escrito se discute con hechos concretos sobre la vivienda, no con generalidades.

Existe además un tope que no depende del control parisino. El artículo 17 de la ley de 1989 prevé que, cuando una vivienda de clase energética F o G vuelve a alquilarse, «le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire» (el alquiler del nuevo contrato no puede superar el último alquiler aplicado al inquilino anterior). Por eso el diagnóstico de rendimiento energético y la mención del alquiler anterior en el contrato son dos datos que merece la pena leer antes de firmar.

Quedan los honorarios de agencia, una fuente frecuente de malentendidos para quien busca piso a distancia. El artículo 5 de la ley de 1989 pone la remuneración del intermediario a cargo exclusivo del arrendador, con dos excepciones: «Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur» (los honorarios por la visita, la constitución del expediente y la redacción del contrato se reparten entre arrendador e inquilino), y lo mismo ocurre con el acta de estado de la vivienda. En ambos casos, la parte del inquilino no puede superar la del arrendador ni un tope por metro cuadrado de superficie habitable. El artículo 2 del decreto n.º 2014-890 de 1 de agosto de 2014 fija ese tope en 12 euros por metro cuadrado en la zona llamada muy tensionada, 10 euros en zona tensionada y 8 euros fuera de esas zonas, y en 3 euros por metro cuadrado para el acta de estado de la vivienda; el artículo 3 de ese decreto permite revisar estas cifras cada 1 de enero por orden ministerial. Para un estudio de 25 metros cuadrados situado en la zona muy tensionada, y sin revisión de las cifras del decreto, el máximo a cargo del inquilino sería de 300 euros por la visita, el expediente y el contrato, y de 75 euros por el acta. El mismo artículo 5 obliga a reproducir esas reglas y los importes de los topes en el contrato firmado con intervención de un profesional, bajo pena de nulidad: el inquilino tiene así la cifra aplicable delante de sus ojos. Cualquier «gasto de gestión», «tasa de expediente» o «comisión de reserva» que exceda esos conceptos y topes merece una pregunta por escrito antes de pagar.

B. Depósito de garantía que no vuelve, estafas y discriminación: cómo reclamar desde París o desde España

El depósito de garantía es el litigio más frecuente al final de una estancia, sobre todo cuando el inquilino ya ha vuelto a España. El artículo 22 de la ley de 1989 fija dos plazos de devolución a contar desde la entrega de las llaves: un mes como máximo si el acta de salida coincide con la de entrada, y dos meses como máximo en caso contrario, una vez deducidas las sumas debidas y justificadas. En un edificio colectivo, el arrendador puede retener provisionalmente hasta el 20 % del depósito hasta la aprobación anual de las cuentas del edificio, y debe liquidar el saldo en el mes siguiente a esa aprobación, según el mismo artículo. Si se retrasa, la sanción es automática: «le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard» (el depósito pendiente se incrementa en un 10 % del alquiler mensual sin gastos por cada mes de retraso comenzado). Hay una trampa para quien se marcha al extranjero: ese incremento no se debe cuando el retraso se explica porque el inquilino no comunicó la dirección de su nuevo domicilio, que el artículo 22 le pide indicar al entregar las llaves. Escribir la dirección española en el acta de salida, o en un correo fechado, evita perder ese derecho.

La Cour de cassation ha reforzado esta protección en una sentencia de 12 de febrero de 2026. Un arrendador afirmaba haber enviado un cheque de devolución por correo; el inquilino sostenía no haberlo recibido y el cheque nunca se cobró. El juez de primera instancia había dado la razón al arrendador. La Cour de cassation casó esa decisión: recordó que, conforme al artículo 22, «la majoration court de plein droit à l’issue du délai de deux mois suivant la remise des clés» (el incremento corre de pleno derecho al término del plazo de dos meses siguiente a la entrega de las llaves), y reprochó al juez no haber constatado que el arrendador probara la recepción del cheque por el inquilino (Cass. 3e civ., 12 de febrero de 2026, n.º 24-21.258). Para un inquilino que vuelve a España, la consecuencia práctica es pedir la devolución por transferencia a una cuenta identificada, por escrito, y conservar la prueba de la entrega de las llaves. Recuerde también que en un bail mobilité no hay depósito que recuperar, porque el artículo 25-17 lo prohíbe; si se lo han cobrado, conviene reclamarlo por escrito citando ese artículo. El despacho trata estas reclamaciones de forma específica en su página sobre la devolución del depósito de garantía en París.

El segundo riesgo afecta sobre todo a quien busca piso desde España sin poder visitarlo: el falso arrendador. El esquema se repite: un anuncio atractivo, un propietario que dice estar fuera de Francia, la petición de una transferencia para «reservar» el piso o para enviar las llaves. El derecho francés califica estos hechos con el artículo 313-1 del código penal, que define la estafa como el hecho, mediante un nombre falso, una calidad falsa o maniobras fraudulentas, «de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds» (engañar a una persona y llevarla así, en su perjuicio o en el de un tercero, a entregar fondos), y la castiga con cinco años de prisión y 375 000 euros de multa. La mejor defensa es preventiva. La ley de 1989 prevé que el depósito se entrega al arrendador en el momento de la firma del contrato, según el artículo 22, y ninguna de las disposiciones leídas para este artículo obliga al candidato a pagar antes de haber visitado la vivienda, en persona o por medio de alguien de confianza, y de haber firmado el contrato. Antes de cualquier pago, compruebe la identidad del arrendador, verifique que la cuenta bancaria está a su nombre y desconfíe de toda urgencia. Si ya ha pagado, conviene presentar denuncia sin demora, con todas las pruebas del intercambio, y preguntar de inmediato al banco si puede intentar recuperar la transferencia.

Para los conflictos con un arrendador real, París ofrece dos vías. La primera es la comisión departamental de conciliación, creada por el artículo 20 de la ley de 1989: compuesta a partes iguales por representantes de propietarios y de inquilinos, conoce en particular de los litigios sobre el alquiler, sobre el acta de estado de la vivienda, sobre el depósito de garantía, sobre los gastos y sobre las rescisiones, y emite su dictamen en un plazo de dos meses desde que se le somete el asunto. Según el mismo artículo, su dictamen puede transmitirse después al juez por cualquiera de las partes. Como se ha visto, para impugnar un complemento de alquiler el paso previo por esta comisión es obligatorio, y el artículo 140 de la ley ELAN permite al juez rechazar de oficio la demanda que no lo haya respetado. La segunda vía es el juez: el artículo L. 213-4-4 del código de organización judicial atribuye al juez de lo contencioso de la protección (juge des contentieux de la protection) las acciones nacidas de un contrato de alquiler de vivienda; para un piso situado en París, se trata del tribunal judicial de París.

Junto a la vía civil existen sanciones administrativas que el inquilino puede provocar con una simple denuncia. Cuando un arrendador exige documentos fuera de la lista o impone la firma de un familiar, el prefecto puede multarle en virtud del artículo 22-2; el artículo 1-1 del decreto n.º 2015-1437 prevé que el prefecto informe antes al arrendador y le conceda un plazo de dos meses para presentar observaciones. Cuando el alquiler supera el tope parisino, el apartado VII del artículo 140 de la ley ELAN permite al representante del Estado requerir al arrendador que adapte el contrato y devuelva lo cobrado de más, y después imponer una multa de hasta 5 000 euros para una persona física y 15 000 euros para una persona jurídica; esas competencias pueden delegarse al alcalde de París. Según el despacho de la AFP del 18 de noviembre de 2026, el ayuntamiento de París indica que entre enero de 2023 y octubre de 2026 se devolvieron a los inquilinos 3,19 millones de euros de alquileres cobrados indebidamente, tras 5 437 denuncias de rebasamiento. La multa no impide que el inquilino ejerza además su acción de reducción del alquiler, como precisa el mismo apartado. Para un análisis del contrato, del acta de entrada o de una carta del arrendador, el despacho desarrolla estas cuestiones en su página dedicada al contencioso del arrendamiento de vivienda en París.

Por último, la discriminación también se denuncia. Si un anuncio exige «nacionalidad francesa», si el arrendador rechaza un expediente completo al saber que el candidato es extranjero, o si cambia de actitud al oír un acento, los elementos de hecho deben conservarse: capturas del anuncio, mensajes, correos, nombres y fechas. El artículo 1 de la ley de 1989 permite al candidato aportar esos indicios y obliga después al arrendador a justificar su decisión, y el artículo 225-2 del código penal abre además la vía penal. La realidad del mercado parisino, con pocos pisos y muchos candidatos, no autoriza a elegir al inquilino por su origen.

Conclusión

Alquilar un piso en París siendo extranjero no exige un aval francés ni documentos distintos de los que fija el decreto de 5 de noviembre de 2015. Lo que exige es un expediente traducido al francés con importes en euros, una lectura atenta del contrato y algunas comprobaciones que la ley francesa pone al alcance del inquilino. Antes de firmar: identificar el tipo de contrato, vacío, amueblado o bail mobilité, porque de él dependen la duración, el preaviso y el depósito, que va de cero a dos meses de alquiler; verificar que el alquiler base no supera el alquiler de referencia incrementado mientras el control parisino siga vigente, y vigilar la publicación de su prórroga en noviembre de 2026; comprobar que todo complemento de alquiler figura por escrito y se apoya en características reales del piso; y limitar los honorarios de agencia a los conceptos y topes por metro cuadrado que el contrato debe reproducir. Durante y después de la estancia: entregar las llaves contra un acta, dejar por escrito la dirección española y exigir la devolución del depósito en los plazos legales, con el incremento del 10 % por mes de retraso que la Cour de cassation aplica de pleno derecho. Y, en todo momento, no pagar nunca a un desconocido antes de haber visto el piso y firmado el contrato. Si surge un conflicto, la comisión departamental de conciliación y el juez de lo contencioso de la protección del tribunal judicial de París son las vías previstas por los textos, sin perjuicio de las sanciones que puede imponer la administración.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».